Análisis y reflexión sobre la obligatoriedad del Canal de Denuncias
APD y ASAC repasan en Málaga las implicaciones de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
La reciente Ley 2/2023 de protección al denunciante ha generado nuevos retos para las empresas, quienes deben implementar medidas específicas para cumplir con sus disposiciones. Esta legislación no solo exige la creación de un canal de denuncias corporativo, sino que también establece una serie de obligaciones adicionales que deben ser adaptadas de manera personalizada por cada sujeto obligado, afectando a empresas con más de 50 trabajadores y todas las entidades públicas.
La normativa establece que las empresas deben llevar a cabo acciones de información dirigidas a los trabajadores, enfatizando la importancia de comunicar posibles irregularidades tanto de forma interna, siendo este el canal preferente, como de forma externa. Las organizaciones deben asegurarse de que sus sistemas internos de información funcionen correctamente y tomar conciencia de la relevancia de estos procedimientos. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear consecuencias negativas significativas para las organizaciones.
Con este motivo, esta mañana se ha llevado a cabo un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) conjuntamente con ASAC, que ha contado con la participación de destacados expertos en la materia.
Pedro Fernández Fernández, CTO en ASAC, abordó la importancia de las soluciones tecnológicas en el establecimiento de canales de denuncias efectivos. Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, compartió su visión sobre los desafíos y oportunidades que esta Ley presenta para la lucha contra el fraude y la corrupción en España. Además, Juan Sebastián Medina Serramitjana, socio de Sagardoy Abogados, centró su intervención en la prohibición de represalias y adopción de medidas laborales en el contexto del compliance. Por su parte, Juan Manuel Piñel López, director del departamento procesal y concursal de KPMG Tax & Legal, compartió sus experiencias en la implementación de medidas de cumplimiento normativo y centrará su exposición en los efectos en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Este evento brindó a los asistentes la oportunidad de obtener información de primera mano sobre la Ley 2/2023 y su impacto en el entorno empresarial. Además, se ofreció un espacio para el intercambio de ideas y la resolución de dudas relacionadas con la implementación de esta legislación.
